En un comunicado, el Poder Electoral sostiene que las sanciones buscan "señalar y intimidar a un grupo" de servidores públicos venezolanos, incluyendo a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco, y su secretario, Antonio José Meneses Rodríguez.






El CNE denuncia que estas acciones se llevan a cabo a través de "medidas coercitivas unilaterales de carácter ilegal, impulsadas por grupos criminales vinculados al terrorismo, al narcotráfico y a otras actividades delictivas que se han unido para financiar operaciones contra el sistema electoral y sus integrantes".

El organismo señaló que el sistema de elecciones en Estados Unidos es uno de los "más cuestionables y carente de credibilidad", lo que, a su juicio, les otorga "poca autoridad" para opinar sobre el proceso electoral en Venezuela, el cual se "rige por altos estándares globales".

Además, el CNE refuerza su postura afirmando que las críticas recibidas de organizaciones financiadas por el gobierno estadounidense "no han logrado empañar la reputación que ha construido a lo largo de los años".

Insiste en que el dinero destinado a su contra "ha sido utilizado para campañas en redes sociales y para beneficiar a quienes promueven la violencia y la desestabilización en el país".

Finalmente, el poder electoral de Venezuela hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos a "no interferir en los asuntos internos del país y a enfocarse en los problemas que enfrenta su propia nación".

"Exigimos al gobierno de los Estados Unidos no involucrarse en los asuntos internos del Poder Electoral venezolano y lo exhortamos a dedicarse a atender los asuntos internos de su país, le recordamos que Venezuela es un país libre, soberano e independiente que solo obedece a la voluntad del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela", reza parte del comunicado.

"Venezuela es un país libre, soberano e independiente que solo obedece a la voluntad de su pueblo", concluyó el comunicado.